El juicio por la muerte de Floreal "Negrito" Avellaneda, ocurrida durante la última dictadura militar, ha permitido conocer detalles escalofriantes acerca de cómo actuaron los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad con los secuestrados.
El juicio por el secuestro y torturas de Iris Pereyra de Avellaneda y de su hijo, el ”Negrito” Floreal Avellaneda y el asesinato de este último, militante de la Federación Juvenil Comunista de quince años, que se lleva adelante desde el pasado 27 de abril por ante el TOF Nro. 1 de San Martín, el primero de la denominada “megacausa” de Campo de Mayo, se ha revelado como un debate en el que no solo aparecen día a día nuevas pruebas que certifican la maquinaria de terror de la dictadura sino como un ejemplo práctico y cabal de la imposibilidad de poner un nuevo “punto final” –tal como pretenden no pocos sectores del poder- a las investigaciones por los crímenes del Terrorismo de Estado.
Las declaraciones de los represores abren una y otra vez la línea de investigación y muestran que todos ellos estuvieron comprometidos con la represión ilegal.Las coincidentes expresiones en los testimonios del personal policial y militar acerca de la existencia de operativos conjuntos y la metodología de hacer inteligencia ilegal sobre las fábricas y el trabajo político y gremial en las mismas, no hacen más que confirmar las históricas denuncias de la familia Avellaneda, el Partido Comunista y de diversos ámbitos del movimiento de Derechos Humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que siempre han señalado la militancia política/sindical de Floreal Avellaneda padre –la persona que el grupo de tareas buscaba al tiempo de irrumpir criminalmente en su domicilio en abril de 1976- como la causa fundamental y determinante de la persecución brutal encarnada por el poder desde antes del golpe y a lo largo de toda la dictadura.
Sobre este último punto es de destacar que el ex policía Alberto Aneto identificado por Iris Avellaneda como integrante de la patota que la arrancó de su hogar junto al Negrito reconoció, en su último intento por desligarse de la acusación personal, que “en todas las comisarías de la policía bonaerense se hacía inteligencia sobre fábricas y militantes”, y se determinaba “a que ideología pertenecían”. Obviamente, para luego proceder al secuestro, las torturas, el asesinato y la desaparición de los cuerpos como metodología criminal habitual.
Los dichos de Aneto ratifican lo que se ha dicho tantas veces, fue la clase obrera y su capacidad de organización y autonomía uno de los principales blancos de la dictadura genocida. El secuestro de Iris y el Negrito buscaba desarticular la propagación y repetición de la experiencia desarrollada por Floreal Avellaneda desde la unidad de los sectores antiburocráticos en el seno de la empresa metalúrgica Tensa, donde enfrentaban a las cúpulas corruptas y traidoras de la Unión Obrera Metalúrgica, que ya tenían en Minguito un exponente paradigmático.
Esta unidad que se materializó en acuerdos vastísimos y plurales de los sectores del sindicalismo combativo ( que reunió a la izquierda revolucionaria y sectores revolucionarios del peronismo) se expresaba en Tensa. La misma que se fortificó a lo largo de todo el país en el período que va de fines de los años 60 a mediados de los 70 –pudiendo marcarse un convencional inicio con el “Cordobazo” de mayo de 1969 hasta la resistencia de las bases obreras al “Rodrigazo” con una gigantesca movilización desbordando a la dirigencia sindical oficial en 1975-, y es lo que vino a frenar la “contrarrevolución preventiva” que significó la dictadura de los Videla y los Martínez de Hoz.
Precisamente por ello, es que no resulta admisible la concepción que encarna el tribunal que lleva adelante el juicio. Enfoque que pretende analizar y juzgar los hechos relativos al secuestro de Iris y Floreal como aislados, no en el marco de un contexto de genocidio que tuvo a los acusados, integrantes del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires como ejecutores del plan criminal que sirvió a la política de concentración de la riqueza, extranjerización de la economía, precarización del empleo, destrucción de las conquistas obreras y generalización del hambre, la pobreza y la falta de salud pública y seguridad social.
Con preguntas e indicaciones que bajo el barniz de un legalismo “garantista”, los jueces pretenden definir como “objeto procesal” los casos de Iris y el Negrito impidiendo que se pregunte sobre otras desapariciones de obreros y referentes sindicales de Tensa u otras empresas de la zona.Estas acciones dejan a las claras que salvo raras excepciones como el Tribunal Oral Federal Nro. 1 de La Plata presidido por el Juez Carlos Rosansky que se atrevió a condenar a Etchecolatz y Von Wernich señalando que sus delitos fueron cometidos “en el marco del genocidio”, el Poder Judicial no sabe, no puede o no quiere dimensionar los crímenes de la dictadura y superar la visión tradicional ideando un juzgamiento distinto para estos casos.
El mismo Poder Judicial, que hace veinte años convalidó en todos sus estratos el “punto final” y la “obediencia debida” hoy peca de excesivo rigor formal, permitiendo una agresiva estrategia de las defensas que buscan mediante chicanas y maniobras, equiparar estos juicios tardíos, morosos y fragmentados en cuestiones similares a aquellas en las que se dirime el robo de una bicicleta o las calumnias e injurias.
La normalidad procesal y garantías que pretenden poner los jueces de San Martín, igual que otros jueces como los que limitan la participación de querellas particulares en el juicio a los represores en al ciudad de Santa Fe, no es otra cosa que encubrir la “excepcionalidad” de un Estado que garantizó la impunidad de los represores. De no romperse el paradigma de juicio tradicional la impunidad sigue vigente.
Pero hay algo aún más grave, la “normalidad” procesal que proclaman y practican borra con el codo los acuerdos, convenios, pactos internacionales que la Argentina firmó y dio primacía sobre la legislación nacional con la Reforma Constitucional de 1994, y que obligan al Estado nacional a juzgar de verdad el Terrorismo de Estado, y no aparentar que se juzga, y proteger a los testigos víctimas de todas las formas, incluido el trato respetuoso que se merecen en las Audiencias Orales. Nada de eso se ve en el Tribunal Oral que preside la Dra. Larrandart, llamativamente la misma que firma uno de los tantos proyectos de Penalización Juvenil que hoy circulan.José Schulman y Olivier Reboursin son integrantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
